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viernes, 8 de abril de 2011

Los Contratos Petroleros con sus Implicaciones Sociales, Económicas y Ambientales

En el marco de PWYP y del foro de Jubileo Red Ecuador sobre la negociación de los contratos petroleros, se desarrolla un documento que rescata las principales ideas de los expertos asistentes a esta reunión, respecto a esta problemática.
En el último viernes de febrero Jubileo 2000 en colaboración con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, El observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, Ildis y expertos en el área económica, ambiental, social y legal, realizó un foro abierto al público en la sede del Banco del Estado en Guayaquil para analizar y debatir la actual política petrolera, implementada por el gobierno nacional y tratar de transparentar la información sobre la renegociación de los contratos petroleros y la renta derivada de esta actividad.


El foro mencionado forma parte de los compromisos de Jubileo 2000 Guayaquil con Publish What you Pay- PWYP-, donde este último promueve con organizaciones sociales de Ecuador, Bolivia y Nicaragua el programa TRACE (Transparencia en la actividad económica extractiva) que procura difundir las mejores prácticas respecto a la explotación y administración de recursos petroleros, el caso noruego en particular.

Dentro del foro se dieron varias ponencias: el área económica fue desarrollada por el Ec. Alberto Acosta catedrático de la FLACSO, lo ambiental fue analizado por Alexandra Almeida, quién trabaja en Acción Ecológica, los términos de negociación de los contratos petroleros y sus efectos fueron analizados por Fernando Villavicencio, y, Raúl Moscoso quien actuó como miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales del Ecuador, explicó las implicaciones legales de muchos de los compromisos adquiridos, en el campo petrolero.

Bajo diversas manifestaciones, la audiencia reconoció la importancia del análisis del tema petrolero mediante foros, por la trascendencia que tiene en la actividad económica del país que demanda su socialización para entre otros, comprender por qué optamos por la explotación de recursos naturales y descuidamos el desarrollo de servicios o exportación de productos con valores agregados o terminados.

En ese contexto y con la coyuntura de la renegociación de los contratos petroleros que tiene cabida con la introducción de las reformas a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario de julio del 2010 los partícipes procuraron bajo diferentes ópticas evaluar sus resultados para el país.

El trasfondo de la explotación petrolera en Ecuador y su permanencia como País Producto, la perspectiva del Sr. Alberto Acosta.

El petróleo es un recurso que representa la principal fuente de financiamiento de la economía del país, llegando a ser la cuarta parte del PIB, el 35% del presupuesto del estado y más del 50% de las exportaciones según cifras oficiales del 2010.

Rememoró que la historia petrolera en Ecuador data desde 1875 cuando en la península de Santa Elena se concesionó un campo a la transnacional Anglo Ecuadorian Oilfields Ltd, de la que el estado solo participó en un 1% del beneficio y el resto “se llevó la transnacional británica”, confirmando que esta empresa ni siquiera suministró petróleo al país durante el conflicto del Perú, porque el Ecuador no tenía control sobre ella.

Según el relato, la segunda parte de la historia petrolera se da a finales de los 60 cuando se descubren yacimientos petroleros en la Amazonía, pese a que empresas como la Shell en los años 50 la recorrieron y determinaron que la calidad del crudo no era interesante comparado a los países árabes con fuentes más seguras y confiables. Concluyó además el Analista, que el petróleo se lo ha explotado no en función de las necesidades energéticas del país sino de la demanda energética del capitalismo.

A partir de esa época el estado ecuatoriano empezó a intervenir en la política petrolera pero el grueso de la actividad hidrocarburífera cayó en manos de las transnacionales especialmente en la compañía Texaco y Gulf -de ello la historia marca una ruptura en el año 1981 que dio origen al famoso litigio que en la actualidad tiene cobertura mediática. Paralelamente en esa época se comenzaron a introducir ideas neoliberales como: “El Ecuador no tiene capitales para realizar las actividades petroleras. Requerimos capital para salud, para educación, para carreteras, para vivienda popular. Hay que atraer capitales internacionales. El Ecuador no tiene tecnología y hay que traer inversiones extranjeras que son las portadoras de las tecnologías necesarias”...

Con ese discurso, se afianzaba el paradigma de que en Ecuador no existían empresas capaces de dedicarse a la exploración por lo que era inminente la incorporación de empresas multinacionales, “Se decía en esa época que si no venia la inversión extranjera, nos convertiríamos en un país importador de petróleo y con ese mensaje se fue influyendo en la opinión publica, se comenzaron a cambiar las reglas de juego”, se empezó a debilitar a la empresa estatal de petróleos de manera planificada para favorecer el ingreso de empresas extranjeras, aunque hubo intentos a finales de los años 80 - 90 por mejorar su funcionamiento aunque sin mayor trascendencia.

También el Ec. Acosta llamó a la reflexión de la audiencia recordando que “el petróleo es un recurso natural no renovable y Ecuador ha explotado ya unos 4500 millones de barriles de petróleo, lo que según la campana de Hoover nuestro País ha alcanzado la cúspide y en franco descenso tenemos pendiente de explotar (remanente) igual cantidad en los próximos 10 años”.

Se están consumiendo a un ritmo demasiado acelerado los derivados del petróleo, la población crece y con ella sus necesidades sin que exista una transición al consumo de energías alternativas. Esta problemática que en intención fue cubierta por el actual gobierno según su plan “agenda energética 2007-2011” y con cuyo esquema se desarrolló la Constitución de Montecristi en lo que se refiere al control del estado de los recursos naturales, cambiando la lógica sobre el uso y destino de los recursos naturales.

Sin embargo, pese a la existencia de ese instrumento, y que se cuentan con los elementos suficientes para construir el Buen Vivir para salir de una economía extrativista, el Analista se cuestiona la propuesta actual del gobierno para la explotación minera metálica de gran escala y a cielo abierto, de lo que prevé que de concretarse se avizora la permanencia del Ecuador en la condición de País Producto (refiriéndose a las materias primas): ya hemos sido un país bananero, cacaotero, país floricultor, país camaronero, país petrolero y ahora la nueva opción de ser Un País Minero.
El concepto de reparación integral superpuesto a la remediación ambiental, las falacias en la introducción de temas ambientales en la reforma de la ley de Hidrocarburos y el llamado hacia un Ecuador pos petrolero, la perspectiva de la Sra. Alexandra Almeida:

Según su exposición, las consecuencias ambientales originadas por la explotación petrolera en Ecuador durante los últimos 40 años han sido manejadas de forma marginal, por lo que “este tema ha quedado relegado dentro de la política macro y la regulación que le compete, dando prioridad a la no afectación de los ingresos económicos de las empresas extranjeras dedicadas a la explotación”.

Como un ejemplo cita que en la ley Reformatoria a la ley de Hidrocarburos lamentablemente no se dan evidencias reales de cambio frente a lo actuado históricamente pese a que el problema del cambio climático está íntimamente relacionado con el petróleo y en general la explotación de los combustibles fósiles está en debate.

Ella asegura que el “discurso ambiental” del actual gobierno ha caído en contradicciones y como ejemplo cita que en la exposición de motivos de la Reforma a la Ley de Hidrocarburos se dijo que los recursos naturales no renovables “son de carácter estratégico y para su explotación se debe garantizar un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad, la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.”

Por lo que ella se pregunta: ¿Cómo podemos hablar de explotación sustentable de un recurso no renovable? Si es No Renovable éste se agota y de ninguna manera podrá asegurar la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Además es conocido, como los casos Texaco en Ecuador y el derrame del Golfo de México lo demuestran, que no existe posibilidad de extraer petróleo sin causar impactos ambientales y sociales. Por lo tanto, esta actividad no puede ser amigable con la naturaleza ni conservar la biodiversidad.

Afirma también que “la Reforma a la Ley de Hidrocarburos no está respetando el nuevo marco Constitucional ya que no desalienta la expansión de la industria petrolera por sus impactos negativos y en esa reforma se procura impulsar la actividad hidrocarburífera, incrementando los niveles de producción de los campos petroleros.”

Pese a que positivamente reconoce la introducción de una nueva causal de caducidad de los contratos petroleros relacionada con el aspecto ambiental con la incorporación del texto: “El Ministerio del Ramo podrá declarar la caducidad de los contratos, si el contratista: Provocare, por acción u omisión, daños al medio ambiente, calificados por el Ministerio Sectorial; siempre que no los remediare conforme a lo dispuesto por la autoridad competente.” Cuestiona al público: ¿hasta qué punto es viable que se llegue realmente a cumplir esto? si el daño ambiental será calificado por el Ministerio Sectorial, es decir: el de Recursos Naturales no Renovables. ¿Puede esperarse que el Ministerio, cuya función es promover la explotación petrolera, califique un daño ambiental con la posibilidad de caducar un contrato?

La Sra. Almeida ve positiva la incorporación en la Constitución del término Reparación Integral, lo que comprende la restauración de la naturaleza, que es mucho más amplio que la simple Remediación que siempre se ha usado y que no ha sido eficaz. Explica que “Remediar ha representado eliminar la mancha negra de petróleo para que no se vea y nada más y es lo que hizo Texaco después de sus operaciones, lo que a su vez provocó los daños ambientales y el litigio internacional con esta multinacional”.

Ella critica que una de las novedades añadidas en esta Ley reformatoria, sea la obligación de destinar el 12% de las utilidades para proyectos de inversión social en salud y educación para la población que se encuentre dentro del área delimitada por cada contrato. Pero pese a sonar bien el enunciado, la Analista observa que proveer atención social, en salud y educación es una obligación del Estado para con toda la población, independientemente de donde se encuentre ubicada y que por ello le resulta cuestionable someter el desarrollo o la satisfacción de derechos a que las comunidades acepten o convivan con la industria petrolera. Dicho de otra manera, desde su perspectiva, “para que una comunidad reciba ese fondo en salud y educación debe permitir que una empresa le contamine el agua, el suelo, el aire y le cause enfermedades”.

-Así, el presidente de la República ha dicho que ahora las cosas han cambiado porque antes venía una empresa, extraía el petróleo, se llevaba toda la plata y dejaba el “basurero” en la comunidad; en cambio ahora la empresa vendrá, extraerá el petróleo y dejará una parte de la plata en la comunidad. Pero, Y el “basurero”? Lo que no se dice es que el “basurero” seguirá quedando en la comunidad, esta vez legitimado puesto que estarán recibiendo dinero de las utilidades-.

Menciona que en otro de los artículos reformados que corresponde a la distancia que deben tener las construcciones de infraestructura petrolera a los centros poblados, no hay ninguna nueva prohibición en la práctica, sino todo lo contrario, antes se especificaba que en una distancia de 10 Km de un centro poblado no se podía instalar infraestructura petrolera, pero ahora con la reforma esa distancia queda a discreción de la autoridad ambiental, que tranquilamente podrá determinar una distancia menor a 10 Km. Si un informe técnico así lo recomienda.

La analista recuerda como el presidente del momento, Sr. Gustavo Noboa, decía que “la construcción del OCP era de vida o muerte, que no íbamos a priorizar pajaritos y mariposas mientras los niños pobres se mueren de hambre”. Y ahora el actual gobierno dice “que no podemos ser pobres encima de un colchón de oro”. Ella cuestiona: ¿Se trata de los mismos pobres de hace 7 años? Entonces, ¿Por qué siguen habiendo pobres si el OCP se construyó en el 2003, hacen ya 8 años?

Concluye con lo expuesto, que en la afirmación reiterativa de que la explotación petrolera contribuye con el desarrollo, para ser coherente con ello y con la Constitución, lo correcto sería mencionar que contribuya al régimen del buen vivir, lo que comprende toda una gama de derechos. Y no solo el término desarrollo, que crea meras expectativas. Ya es hora de pensar seriamente en el Ecuador Post Petrolero.

Las ineficiencias en la renta petrolera y en los términos de renegociación de contratos petroleros expuestos por el Sr. Fernando Villavicencio.

Relata que en 1970 cuando se inició el mini boom petrolero, el país contaba con 8 mil 084 millones de barriles de reservas probadas y que cuarenta años después, las reservas remanentes de crudo comercialmente explotables, se han reducido a la mitad, incluyendo el ITT.

Por exportaciones de crudo, en una suma nominal según cifras oficiales, desde 1972 hasta diciembre del 2009, la caja fiscal obtuvo 77 mil 568 millones de dólares. Las compañías extranjeras, solo entre el año 2000 y el 2008, obtuvieron 20 mil 096 millones de dólares, por exportaciones de crudo. Durante los años 2007 al 2010, el gobierno recibió por exportaciones de crudo cerca de U$ 30 mil millones, ese comparativo es una muestra de las condiciones favorables de financiamiento del presupuesto del Estado con esta actividad.

Según fuentes del Sr. Villavicencio, para el 2014 se agotarían las reservas probadas de crudo pesado de los bloques operados por las compañías extranjeras y “Nos vamos a convertir en importadores de petróleo pesado caro, para abastecer la refinería del pacifico”

Menciona que la renegociación petrolera se ha dado en 2 fases y que el paso previo al segundo proceso de renegociación contractual fue la puesta en vigencia sin debate parlamentario, de la reforma a la Ley de Hidrocarburos, lo que fue una expresión de grave crisis fiscal que condujo al régimen a descapitalizar aún más a Petroecuador, entregando sin licitación la operación de sus principales campos al capital extranjero privado, estatal o mixto, consumando con ello la privatización de “las Joyas de la Corona”.

Con ese antecedente, en la migración contractual a un modelo de servicios, las transnacionales saldrían ganando, porque tenían instrumentos jurídicos a su favor, como son los contratos transitorios, negociados en los años 2008 y 2009.

El analista puntualiza que las iineficiencias de la gestión de la renta petrolera se explican entre otras porque:
• La economía está anclada al petróleo, entre 20 y 40 % de los ingresos presupuesto del Estado. Exporta materia prima, importa derivados.
• No se incorporan nuevas reservas de petróleo y gas.
• Se agotan de manera acelerada las reservas, de 8.200 millones a la mitad, incluye ITT. Con una pproducción diaria: 480 mil barriles, crudos medianos y pesados.
• Contamos con una importación de gas fuera de control estatal (80% mercado interno)
• El comercio externo de hidrocarburos y derivados está en manos extranjeras. (Traders)
• Existe inestabilidad jurídica, política, laboral y administrativa del sector.
• Se incumplen la normativa ambiental, los derechos colectivos, la consulta previa, etc.

También comenta varias reformas realizadas a la ley de hidrocarburos:

El gobierno ratifica la vigencia de los “cuestionados” contratos de participación y prestación de servicios, para la exploración y explotación de hidrocarburos porque con ello se pierde legitimidad para exigir el cambio de modalidad contractual.

Menciona que al sustituir PETROECUADOR por “La Secretaria de Hidrocarburos” se otorgan nuevas responsabilidades al Ministerio de Recursos Naturales, como las de adjudicar, suscribir y caducar los diversos contratos, a través de la Secretaría de Hidrocarburos, vulnerando lo establecido en los artículos 313, 315, 316 y 317, de la Constitución de Montecristi y opina que la Secretaría de Hidrocarburos se convertirá en una SUPER dependencia, que concentra un poder importante.

Además Los Arts. 204 y 213 de la Constitución señalan que las actividades de control no pueden estar subordinadas al ejecutor de la política, que es el Ministerio del Ramo, el control debe gozar de autonomía, especialización, independencia y participación social; delegar esas actividades a la nueva Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, que reemplaza a la DNH, adscrita al Ministerio de Recursos Naturales, lo cual concluye es inconstitucional y antidemocrático, y busca perpetuar la impunidad del sector petrolero.

De acuerdo con la Constitución debe conformarse la Superintendencia de Hidrocarburos y Medio Ambiente, como organismo autónomo, independiente del Ministerio, con capacidad técnica especializada, para el control y la fiscalización de las actividades del sector.

Menciona que existen otras inconsistencias, porque la reforma pretende entregar sectores estratégicos: SOTE, oleoductos secundarios, poliductos, gasoductos y terminales, refinerías; negocios altamente rentables, al capital extranjero, vía delegación, lo cual no está permitido por la nueva Constitución.

El Sr. Villavicencio recordó a la audiencia que el Art 316 de la Constitución permite delegar a la iniciativa privada, de forma excepcional. Y reflexionó con ello que la excepcionalidad, para cualquier ciudadano juicioso, consiste en el riesgo exploratorio o en proyectos nuevos, en los cuales el Estado no cuente con recursos económicos o requiera asociarse para obtener fortalezas tecnológicas pero ¿Dónde está el riesgo en la operación de las áreas descritas? Se trata de entregar a manos lavadas los bienes patrimoniales del país.

Comenta que ni los gobiernos considerados neoliberales, lograron separar las dos fases del proceso extractivo: la exploración (riesgo) de la explotación. Durante 25 años no se permitió la concesión o delegación al capital extranjero, de los campos llamados Joyas de la Corona, pues el Art 2 de la Ley vigente habla de contratos de EXPLORACION Y EXPLOTACION pero con la contra-reforma, los campos en producción, operados por Petroecuador y Petroamazonas, en los cuales no existe ningún riesgo exploratorio, podrán ser entregados a cualquier empresa nacional o extranjera. Sin licitación, si las empresas pertenecen a la órbita geopolítica de la denominada “Comunidad Internacional”.

Adicionalmente, en la primera transitoria dedicada a contratos, se actúa con dedicatoria según el analista y se crean excepciones, no se incluyen los contratos de Servicios Específicos de los campos: Sacha con Río Napo, Oglan con Petrosinopec, el contrato del campo Pungarayacu con Ivanhoe, Shiripuno de Petroriental; los contratos de ENAP Bloque 40, PDVSA Bloque 4; así como los contratos de Alianzas Operativas con DYGOIL y CPEB de los campos Atacapi-Parahuaco, VHR, y los recién adjudicados a PETGAS de Venezuela: Culebra, Yulebra, Anaconda.

Expone que las reservas totales probadas del Bloque 43 ITT son 856 millones de barriles de crudo pesado (14ºAPI) y que el bloque 43 tiene 3 campos: Ishpingo, Tambococha, Tiputini, Las reservas probadas de Ishpingo norte y sur suman 450 millones de barriles. Las reservas de Tambococha y Tiputini son aproximadamente 400 millones de barriles. El 80% del ITT se encuentra dentro del Parque Yasuní, zona intangible y del área de amortiguamiento cuya explotación está prohibida a perpetuidad.

Informa que un estudio de Factibilidad de PDVSA-PETROECUADOR (2008) establece una inversión del $ 6.000 millones de dólares y un costo de operación para 20 años del orden de $ 3.500 millones de dólares. Las reservas totales a valor presente, con un precio promedio del petróleo de 60,00 U$/BL, serían de 50.000 millones de dólares.

De explotarse solo las dos (TT) Tambococha y Tiputini 400 millones de barriles aproximadamente, la realidad económica cambia sustancialmente, el valor de las reservas sería de 29.000 millones de dólares, a valor presente.

Si las inversiones, costos y gastos de operación representan alrededor de 9.500 millones de dólares y las utilidades de la compañía operadora que se asocie con Petroecuador, es del orden del 15%, unos U$ 3.000 millones aproximadamente. Las inversiones, costos, gastos y utilidad de la compañía representarían 12.500 millones.

Así, su análisis citado determina que la ganancia para el Estado a groso modo, estaría en el orden de 16.500 millones de dólares aproximadamente en 20 años, equivalente a 775 millones de dólares anuales. Lo cual sugirió, merece replantearse su explotación.

El Sr. Villavicencio menciona que ahora se pretende adaptar la Ley al contrato y a los intereses de las compañías, creando excepciones y privilegios y cita como ejemplos que:

• No se eliminó la clausula de acumulación para la Tasa por Servicios, lo que le permite a la contratista recuperar su utilidad cuando los precios del crudo suban. La cláusula de acumulación se activa a menos de 30 dólares por lo que la posibilidad de ser aplicada es remota. Por ello las inversiones comprometidas, corresponden en su mayoría a obligaciones no cumplidas en años anteriores y como premio le ampliaron el contrato hasta el año 2023.

• No se acataron disposiciones de la Procuraduría General del Estado y del SRI. El informe de PGE fue condicionado a que se cumplan obligatoriamente esas recomendaciones. En el contrato modificatorio no se incorporaron las observaciones. Se debía fijar un precio base para la aplicación de la Ley de Equidad Tributaria. El Almirante Jaramillo hizo una consulta al SRI sobre el tema, y el SRI le respondió que se debe fijar un precio base. En el contrato no se incorporó esta disposición.

Concluye que la transparencia no es una de las cualidades del petróleo. No hay otro producto que genere tanta corrupción, los países productores se caracterizan por un poder altamente concentrado, democracias muy débiles y un estado de derecho endeble. Un ministro de Venezuela dijo hace años: 'La gente roba porque no encuentra razones para no robar.'

Otros comentarios:

El Sr. Raúl Moscoso precisó que en materia hidrocarburífera asistimos a una política de Gobierno, no a una política de estado porque vemos que hay un enfoque unidimensional, asistimos a un extractivismo senil y Fiscalista, (queremos tener recursos para el desarrollo económico), en suma una política de sustracción.

Menciona que no se han considerado los costos sociales y culturales cuando lo que se considera es explotar. Sin considerar la dignidad, el derecho a la vida al buen vivir de los pueblos libres en aislamiento voluntario. Pueblos hermanos libres en aislamiento voluntario, los Tagaeri y Taromenani, pueblos indígenas no contactados de la población Amazónica. Por lo que No se debe perder una vida a costa de salvar a tantas otras.

Con estas intervenciones quedan interrogantes como:

¿Por qué el ecuador se perenniza en su visión de País Producto, de materias primas? – Y de estas, en la industria extractiva donde probablemente se migre de petrolera a minera-.

¿Han sido los procesos de contratación petrolera transparentes en cuanto a fondo y forma?: La historia de participación estatal en la renta petrolera.

¿La renegociación petrolera realmente mejora las condiciones para el País, maximizando sus beneficios?. La transición de contratos de prestación a servicios y las diferentes formas que puedan crearse entre ellos.

¿Son las reformas a la ley de hidrocarburos coherentes con lo dispuesto en la nueva constitución que procura el “Buen vivir” y con los mejores intereses al Estado?

¿Cuál ha sido el efecto en el mejoramiento de las condiciones de vida de los ecuatorianos producto de la explotación petrolera?; o ¿Por qué no se han utilizado los recursos petroleros para desarrollar tecnológicamente al país y así exportar productos con valor agregado?

¿Se han explorado otras alternativas de desarrollo económico sostenible, de baja inversión e intensivo en recurso humano –como Servicios-, que permitan al país contar con ingresos relevantes para el financiamiento del presupuesto estatal?

Son varios los temas a analizar y como ciudadanos contribuyentes seremos invitados a cubrir con mayores impuestos o medidas restrictivas las diferencias que se susciten por las afectaciones que se den a esta actividad, principal fuente de ingreso estatal. Vale la pena mantenerse informados.

Compilación de Mariela Méndez Prado y Julio Naranjo para Jubileo 2000 Red Guayaquil.

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