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viernes, 31 de octubre de 2008

LA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA DE ECUADOR: VERSION 2008

Con la vigencia de la nueva ley sobre lo que sería la nueva arquitectura financiera en Ecuador, se realiza un análisis detallado a las propuestas en sus artículos y los efectos de su implementación.

Publicado por Revista GESTIÓN, Diciembre 2008: Ver Artículo

En la edición 159 de septiembre del 2007 en la revista Gestión, se trataron algunos de los problemas para el desarrollo de la actividad bursátil en el Ecuador y la relación que existe con este trabajo es que la iniciativa propuesta por el ministerio de coordinación de política económica (MCPE) para la implementación de la Nueva Arquitectura Financiera NAF y su Ley de Seguridad Financiera (LSF), atiende a la revisión de parte de la problemática expuesta en el ámbito del sector financiero caracterizado por una baja profundización financiera (acceso limitado) y escaso enfoque de financiamiento al sector productivo.

Los fundamentos para la propuesta de cambio se citan a continuación:

• Inexistencia de un mercado de desintermediación financiera, que permita reducir costos, ya que el Mercado de valores es un apéndice del sector bancario.

• Falta de incentivos para el desarrollo de la profundización financiera, considerando que el libre mercado no ha funcionado, el estado debe dar el primer paso.

• Divergencia de las necesidades que cubre la Banca con la demanda del sector productivo, aproximadamente el 90% de las operaciones corresponden a consumo.

• Inexistencia de mecanismos de subsidio al riesgo en iniciativas productiva por la falta de un fondo de garantía estatal que permita dar flujo a esta actividad.

• Existe aun aversión a ciertos sectores por la percepción de riesgo en la crisis financiera de nuestro país entre 1998-1999,

• Deficiencia en tecnología, controles y agilidad de la banca pública, relegada asi operativa e institucionalmente

• Evidente salida de divisas, a través de importaciones y sistema financiero que drenan el capital de la economía ecuatoriana, reduciendo el multiplicador bancario bajo un contexto de gran capacidad financiera popular sustentada por cifras oficiales en mas de 1300 cooperativas de ahorro y crédito (COACs) no reguladas, miles de cajas de ahorro y estructuras financieras locales (EFLs), que representan casi USD 1500 millones en activos y más de 3’000.000 de socios.

• Existen limitantes por las condiciones de la coyuntura política (en términos de alianzas, afinidad y obstáculos intra-institucionales en las entidades coordinadas).

En ese ámbito la ley de seguridad financiera es la base de las reformas para la nueva arquitectura financiera (NAF), una política integral con visión de desarrollo que pretende articular la economía estatal, capitalista y popular haciendo que el sector financiero este al servicio del sector productivo para lograr la verdadera reducción de costos de financiamiento y dinamizar la producción.

La estructura fundamental de la NAF, promovida por MCPE con sus actividades y responsables de su desarrollo se muestra a continuación:

Dentro de las políticas descritas en el cuadro precedente se pretende fortalecer el sistema denominado RED DE REDES (ver figura 1) que tiene como objetivo mantener la interconexión de la información de los sectores afines logrando la eficiencia del uso de recursos financieros, reduciendo los costos financieros y transaccionales, lo que a su vez contribuiría al fortalecimiento estructural de instituciones no registradas en el mercado para que se conviertan en efectivos agentes de desarrollo.

Al respecto el BCE propuso la participación y los requisitos para que las Cooperativas de Ahorro y Crédito reguladas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social puedan operar en el Sistema Nacional de Pagos, posibiliten entre otros la expansión de los canales de distribución de remesas, transferencias del Estado como el Bono de Desarrollo Humano (BDH), nómina del sector público, pago de proveedores, cobros y pagos de servicios públicos e impuestos, reduciendo el costo y su tiempo de envío así como la optimización del acceso de remesas en zonas rurales mediante el uso de canales formales, en paralelo a las iniciativas privadas de los corresponsales no bancarios ampliamente difundido en este medio.

Así, superando entre otras las restricciones la carencia de expertos legales con amplios conocimientos de funcionamiento del sector financiero, la articulación de la ley de seguridad financiera que en los primeros días de diciembre entra a debate se ha promovido bajo 4 importantes ejes:

• Fortalecer a la Superintendencia de Bancos en capacidades y atribuciones para mejorar el monitoreo y control de los recursos que estas instituciones manejan, determinando así que el sistema financiero es un servicio público delegado. Se superaría con ello las experiencias de supervisión limitada a extra-situ como en el Banco de los Andes.

• Fortalecer el fondo de Liquidez bancario, aumentándolo, en un periodo no mayor a 5 años, a USD 1,200 millones de su valor actual aproximado de USD 150 millones. Estableciendo con ello un prestamista de última instancia lo suficientemente fuerte que reemplace la función tradicional del Banco Central del Ecuador.

• Aumentar la garantía de depósitos de USD 12,000 hasta USD 20,000 (o USD 24,000 en el mejor de los casos). En ello se espera que por disciplina de mercado se separe concepto de saneamiento y del seguro de depósitos general, en atención a lo acontecido con la mutualista Benalcázar.

• Implementar nuevos mecanismos eficaces y flexibles para la solución de posibles problemas en entidades financieras, así por ejemplo se procuraría disminuir el impacto negativo de la liquidación de una entidad financiera.

También se pretende abaratar el crédito creando incentivos de mercado para que la banca y el sector privado no financiero retornen sus capitales del extranjero.

El conocimiento de desarrollo de esta propuesta ha motivado al presidente de la republica a exhortar la anulación de los bonos de AGD (Agencia de garantía de depósitos) por USD 1,400 millones, manejados por el Banco Central del Ecuador (BCE) y de los cuales según sus detractores generan gastos financieros significativos. Al respecto durante la jornadas internacionales de desarrollo del mercado bursátil promovido por la Superintendencia de Compañías el 11 y 12 de noviembre del presente ano, pese a la critica publica generada por un asistente del evento, el ministro de coordinación de política económica explicó que la disolución de estos bonos mediante la asignación de precios 0, corresponde a un procedimiento contable de cruce de cuentas entre instituciones publicas y que con ello no se estaría afectando a la formación de precios de un mercado libre.

En este evento también se manifestó la inconformidad con la eliminación de la política en la cual se asignaban las inversiones del sector público igualitariamente entre la Costa y la Sierra, lo que a criterio de su defensor, la medida fomentaría un mercado de valores profundo, eliminando el subsidio implícito a las bolsas de valores por las transacciones fijas de este sector. Al respecto la preocupación de los directores de bolsa fue evidente pues verían mermado su nivel de transacciones si no se generen las iniciativas de nuevos productos que lo compensen.

Respecto a iniciativas de desarrollo de nuevos productos con calidad títulos valores que aporten liquidez al mercado y permitan su desarrollo se encuentran:

Facturas: Permitir a empresas vender facturas por cobrar en el mercado de valores para que sirva como fuente de liquidez, los entes involucrados en esta reforma son CNV, SRI, SCías, IESS, CFN. Al respecto, todas las entidades del sector público están de acuerdo con este proyecto y dispuestas a colaborar por lo que solo resta requerir al SRI normativas y procedimientos para calificar a las facturas y evitar “emisión inorgánica” de facturas falsas.

Notas de crédito tributarias del SRI y arancelarias de la CAE: Este instrumento ha sido anunciado al mercado y al pleno del CNV.

Cheques de pago diferido: Permitir que cheques sean endosables y transables en el mercado.

Certificados de almaceneras: Los certificados de depósito de almaceneras puedan ser transables en el mercado de valores, y puedan servir para pagar créditos en el Banco Nacional de Fomento (BNF), al respecto falta la aprobación de la Superintendencia de Bancos y Seguros y BNF para permitir repago de créditos con certificados de depósitos.

Las facturas y cheques de pagos diferidos son utilizados ampliamente en Argentina pero su implementación deberá atender los requerimientos particulares en nuestro país.

En cuanto a mercado de valores se ha mencionado la unificación de de sistemas transaccionales de Bolsa de valores, aprovechando economías de escala, integrados en uno el sistema de BVQ + Sistema BVG.

Se apuesta por la implementación de gobiernos corporativos para manejos transparentes y consensuados así como a la desmaterialización obligatoria de facto que permita agilitar los procesos: Reducir los costos transaccionales en tiempo, información, dinero, transporte y riesgo para transar títulos valores. Que será posible con la implementación de la firma electrónica en paralelo.

Con la desmaterialización obligatoria de los títulos valores, se espera dinamizar al mercado de valores y permitir mayor accesibilidad a los usuarios. Existe ya conciencia en todo el mercado de la necesidad de implementar la desmaterialización y por ello el Ministerio de Finanzas procedió a firmar contrato con DECEVALE y el IESS está presto a realizarlo.

Se promueve además el fortalecimiento de los Market makers (creadores de mercados), para desarrollar mercados de liquidez profundos, se requieren actores institucionales concretos. Se necesitan creadores de mercados que estén constantemente vendiendo y comprando títulos valores para que al momento de las negociaciones los títulos valores no sean castigados con descuentos significativos. Se podría contar entre ellos la CFN, IESS, etc.

Esta medida seria fortalecida si las tesorerías de bancos privados así como de estructuras financieras locales utilicen el mercado de valores nacional dentro de su gestión de liquidez, a través de incentivos regulatorios y sin la necesidad de más intermediarios.

Se anunciaron exoneraciones tributarias como bajar el Impuesto a la Renta del 25 al 10% por la reinversión productiva de utilidades y una planilla de incentivos tributarios desarrollado por una comisiona fin entre Servicio de rentas Internas, superintendencia de Compañías y Banco Central del Ecuador para fomentar mayores niveles de transacción por parte de emisores e inversionistas.

Se promueve el desarrollo de una cultura bursátil en que se define que el financiamiento es mucho más que crédito bancario, se establece como política la publicación didáctica de productos financieros vigentes y su valoración diaria en la prensa y otros medios de difusión, la transparencia de costos de transacción mediante el diseño de un plan tarifario.

En esa línea se promovería la profesionalización de las principales entidades con incidencia en este sector: IESS con el Banco del Afiliado como creador de mercados, el ISSFA y ISSPOL transparentando y profesionalizando su gestión.

De acuerdo a declaraciones de sus participantes, los detalles técnicos se discutieron en mesas de trabajo compuestas por académicos, técnicos, universitarios, entre otros, se han coordinado con instituciones como el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de compañías, Servicio de Rentas Internas, entre otras instituciones. “Con este Gobierno han habido varios talleres y un trabajo muy intenso de parte de los equipos técnicos, ligados a las autoridades técnicas y monetarias del país”, afirmo el MCPE.

Se destaca el esfuerzo por coordinar estas actividades de manera integral, en las que sin duda fuera de los tecnicismos correspondientes, el lograr concertar el interés de las partes que han trabajado de manera aislada hasta hoy, sin duda debió ser uno de los mas grandes desafíos.

Los críticos de la intervención del estado en la regulación de este sector para mejorar su funcionamiento deberán reconocer que los resultados obtenidos durante el desarrollo por su propia cuenta no fueron satisfactorios y es esta NAF una respuesta al clamor de un mercado de capitales con mayor desarrollo que permita la verdadera reducción de costos financieros y el desarrollo del área productiva.

Se debería analizar la flexibilización de varias de estas políticas en el mediano plazo, que permitan una vez inducidos a todos los actores del sector al trabajo conjunto y pro-mercado para que de manera natural hagan eficiente al mercado de capitales ecuatoriano, libre de distorsiones.

Adicionalmente, de implementarse esta ley con todas las reformas que puedan coordinarse a fin de establecer un documento robusto en fondo y forma aun queda una tarea importante a desarrollar por el MCPE en cuanto a microfinanzas y fuentes alternativas de desarrollo.

La ley se está discutiendo y se podrán acoger todas las sugerencias, según lo menciono el ministro MCPE el 11 de noviembre en el evento organizado por la Superintendencia de Compañías. Convendría entonces pasar del lado espectador y critico de resultados a ser parte activa de su desarrollo, bajo condición pro-bono de ser necesario, con el enfoque y expertisse para la realización de un verdadero cambio. Las puertas están abiertas….


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